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Mensajepor Ally » 25 Mar 2011 15:18

Un juez de Barcelona condona la deuda de una pareja de jubilados insolventes



Un juez de Barcelona ha condonado la deuda de un matrimonio de jubilados insolventes que, pese a vender su vivienda, no pudo cubrir todas sus deudas. Este es un ejemplo más de la tendencia que lleva a los jueces a ponerse del lado del afectado frente a las entidades financieras.



Ha sucedido concretamente en el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, cuyo juez ha ordenado la conclusión del procedimiento concursal abierto contra un matrimonio de jubilados insolvente que, pese a haber vendido su vivienda, arrastraba una deuda con el banco que les costó la intervención de su patrimonio durante tres años.



El juez ha considerado a la pareja “deudores de buena fe accidentales” y afirma que “no pueden ser penalizados”, por lo que ha dado por saldada la deuda para darles “una segunda oportunidad que no les aboque a una situación de exclusión social”.




Cada vez son más las voces que se alzan a favor de la dación en pago, es decir, de que la entrega de la vivienda salde por completo la deuda contraí­da con el banco. Si un juez navarro obligó al BBVA a aceptar la dación en pago la semana pasada, ayer era el portavoz de la asociación de consumidores Facua quien pedí­a un cambio en la Ley Hipotecaria para que las futuras hipotecas garanticen la dación en pago.


Parece que la tendencia judicial y social está posicionada a favor de la reforma, pero el poder polí­tico y el financiero no parecen estar por la labor. Un claro ejemplo es el de CiU, un partido que enarboló la bandera de la dación en pago durante la campaña electoral, pero que rápidamente la abandonó al llegar a poder.









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Última edición por Ally el 27 Mar 2011 11:34, editado 3 veces en total.
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Mensajepor Ally » 25 Mar 2011 15:27

Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra



La entrega de la casa al banco salda la deuda hipoteca


La Audiencia Provincial de Navarra ha emitido el primer dictamen judicial en España que considera suficiente la entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria, a pesar de que el valor del inmueble se haya depreciado, según el auto dictado el pasado 17 de diciembre.El auto considera que el banco “no habrí­a concedido el préstamo si la finca no hubiera tenido un valor suficiente para garantizarlo, que fue fijado por la entidad ahora ejecutante”. Además, destaca que en el contrato se reconoce que el inmueble tení­a un valor “superior al principal del préstamo”.


Además, el tribunal señala que la actuación del banco “no constituye un abuso de derecho”, pero sí­ que es “moralmente rechazable” que la entidad alegue la disminución de valor de la finca que serví­a como garantí­a “para intentar continuar la ejecución”.



En este caso, el comprador, además de perder la vivienda, debí­a pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondí­an a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La justicia, ha dado la razón al consumidor, entendiendo que la casa cubre el capital prestado, lo que jurí­dicamente se conoce como “dación en pago”.



La entidad se tuvo que quedar con el inmueble tras celebrar una subasta que quedó desierta y continuó exigiendo los pagos mensuales al propietario deudor.



En el auto, el tribunal recuerda que parte de la crisis fue provocada por “la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias, recuérdese las ‘hipotecas basura’ del sistema financiero norteamericano”.



No obstante, los magistrados consideran que el banco ejecutor “no es causante de la crisis económica” y que su actuación “se ajusta a la literalidad de la ley”. Sin embargo, advierten de que su actuación es “moralmente intranquilizante”, por considerar hoy que el valor del inmueble es inferior al que es su dí­a se fijó como precio de tasación para la subasta.


Según explicó la asociación OCU, representante legal del hipotecado, este auto supone una decisión “pionera” y “contraria” a los planteamientos del Gobierno, que hasta la fecha se ha mostrado contrario a modificar la Ley Hipotecaria para permitir esta práctica o introducir la figura de la ‘dación en pago’.



La normativa actual contempla que el consumidor que no puede pagar su hipoteca debe entregar la vivienda a la entidad financiera y que, en el caso de que una tasación muestre que el inmueble ha perdido valor, debe abonar la cantidad restante.
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Mensajepor Ally » 25 Mar 2011 15:55

EL ESTADO ESTA VEZ, NO ES RESPONSABLE.


El Tribunal Supremo ha eximido al Estado de responsabilidad patrimonial por no vigilar la actividad de Fórum Filatélico y Afinsa, que fueron intervenidas el 9 de mayo de 2006 por presunta estafa tras más de 25 años de funcionamiento, según la sentencia dictada el pasado 13 de diciembre.




La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirma así­ el fallo dictado por la Audiencia Nacional el pasado 5 de febrero, que concluyó que no se puede exigir al Estado "la garantí­a absoluta" del adecuado funcionamiento del sistema.

La sentencia del Supremo concluye que "no hubo actuación alguna de la Administración que generase la confianza que se predica como defraudada, y que los reclamantes actuaron por su libre voluntad y en relaciones privadas con empresas que se moví­an en el ámbito mercantil".

El Supremo resuelve así­ uno de los 450 recursos de casación presentados por los cerca de 460.000 afectados por estas dos empresas, cuyo agujero patrimonial alcanza los 4.600 millones de euros, de los que sólo recuperarán cerca del 30 por ciento de lo invertido. La sentencia reproduce textualmente los argumentos del dictamen de la Audiencia Nacional.

Los magistrados concluyen que la actividad desarrollada por las filatélicas era de naturaleza mercantil, por lo que el Ministerio de Economí­a y Hacienda, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Agencia Tributaria carecí­an de competencia de supervisión y control sobre la actividad.
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Re: La actualidad en los Juzgados. NOTICIAS.

Mensajepor Ally » 22 Ene 2012 15:02

Un puñado de personas justas



[img=center]http://www2.xlsemanal.com/upload/articulos/fotos/51_1_jueces_1327062151.jpg[/img]




Estos 16 jueces son piezas claves en la maquinaria de la justicia. Son los presidentes de los Tribunales Superiores de cada comunidad autónoma. Nos hemos `colado´ en su reunión anual y hemos hablado con todos ellos, sin formalismos ni concesiones: de los problemas de la justicia, de si de verdad es igual para todos y de los casos que más los han emocionado y han determinado su vocación. Se lo contamos.




El reto es que la justicia sea ágil, y no se está logrando: los ciudadanos están decepcionados. Por eso, estos 16 jueces se reúnen una vez al año para buscar soluciones. La última cita, en Pamplona.


Son 15 hombres y una sola mujer, la presidenta de Valencia. Visten trajes clásicos, sin apenas concesiones a la modernidad. El de Extremadura es el único soltero. El más joven viene de Murcia y tiene 47 años, aunque la mayoría ronda los 55. Su aspecto es serio. Tal vez se los presuma como gente distante, con tendencia a mirar desde arriba, pero lo cierto es que esa impresión queda matizada durante las charlas.


¿Cuáles son los problemas de la justicia? ¿Por qué recibe tantas críticas de los ciudadanos? Y en medio de tantos escollos, ¿dónde queda la antigua pasión por su profesión? El magistrado Miguel Ángel Cadenas, de Galicia, cuenta que él la siente cuando abre las puertas de su despacho a la gente. Cuando va a visitarlo, por ejemplo, una señora de 70 años que quiere separarse de su marido: «Ya no lo aguanto». Y explica que su esposo no sabe todavía de sus intenciones de divorcio y que a ver qué se puede hacer. Y el juez se ofrece entonces a llamar a aquel hombre, al que oye decir: «Verá, no nos llevamos bien desde hace tiempo. Pero yo tengo un cáncer y me voy a morir. Me quedan cinco meses. A lo sumo, seis. Aún no se lo he dicho a mi mujer. Oiga, ¿podría comentárselo usted?». Y Cadenas habla con una y con otro y ya no inicia ningún procedimiento porque ya no es necesario.


Frente a la idea de muchos ciudadanos de que la justicia beneficia a los poderosos, a quienes pueden pagarse un buen abogado, a quienes tienen capacidad de influir, los magistrados defienden su imparcialidad. Y aunque podría pensarse que, claro, que qué van a decir, en ocasiones resultan convincentes. Como cuando se escucha a Vicente Rouco, el presidente de Castilla-La Mancha. Él siempre quiso ser juez. Desde que tenía 16 años. ¿Por qué? Creía que este trabajo le daba la oportunidad de resolver los conflictos que existían entre las gentes. «Esta tarea me llena de ilusión cada día. Siento que, aunque no puedo cambiar grandes cosas, ayudo a las personas».


En ese planteamiento de encender velas en la oscuridad, Rouco habla de pequeñas historias en las que la justicia juega a favor de los débiles. Del alcalde de un pueblo de Albacete que en pleno verano cortó el agua a varios vecinos a quienes acusaba de no pagar. Gracias al juez, el suministro se restableció de inmediato y el alcalde fue inhabilitado. O el caso de un hombre a quien policías corruptos acusaron de un atraco llegando incluso a manipular las pruebas para incriminarlo y que finalmente fue absuelto. O el día que dejó el despacho y cogió el coche para hablar con el alcalde de un pueblo y decirle que cumpliera una sentencia e hiciera unas obras, evitando así que las casas de varios vecinos se siguieran inundando. Estas son las actuaciones que a Rouco le saben a justicia.
Frente a la imagen fría del jurista en su estrado, vestido con toga y expresión distante, varios jueces describen su trabajo empleando un término próximo y cálido: `humanidad´.

Nada menos. Lorenzo del Río, de Andalucía, recuerda el día en que confió en un hombre acusado por robo quien le pedía que no le pusiera una fianza para salir de la cárcel porque necesitaba ese dinero para su nueva vida. Accedió. Cinco meses más tarde, el magistrado recibió una carta y pruebas de que se había establecido en otra ciudad y estaba ya trabajando honradamente.


Humanidad es lo que resalta también la única mujer, María Pilar de la Oliva, de Valencia. «Como jueces de instrucción intervenimos en las circunstancias más duras de las personas. Cuando alguien se ha suicidado y hablamos con la familia, ellos están conmocionados. Muchas veces necesitan acercarse a ti y contarte lo que ha pasado. Y tienes que escucharlos. No olvido a una señora que después de un episodio así me reconoció por la calle, se acercó y me dijo: `Usted me ayudó en el momento más duro de mi vida´».


Juan Manuel Fernández, de Navarra, afirma que los jueces tienen, sí, que castigar. Pero también intentar que la persona recomponga su vida. «No hace mucho se me acercó un hombre que hace años estaba enganchado a la droga y cometió un robo. En lugar de mandarlo a prisión, le permití que cumpliera su pena en Proyecto Hombre, un centro de desintoxicación. Cuando nos volvimos a ver, me presentó con orgullo a su familia. A su mujer. A su hijo».


Los jueces reconocen que la comunicación muchas veces no es fácil. Sus escenarios y maneras decimonónicas y, sobre todo, un lenguaje enrevesado no les son de gran ayuda. Y, sin embargo, ellos insisten en que es esencial que cada ciudadano se sienta escuchado porque, si se le atiende, incluso aunque no se le dé la razón, puede sentirse reconfortado.


Comunicar, explicar. Miguel Ángel Gimeno, del Tribunal Superior de Justicia catalán, daba sus primeros pasos como juez y puso todo su empeño en aclarar a una señora que, aunque tuviera líos con su vecino, no podía resolverlos con una pelea. No eran formas. «La escuché y, finalmente, le dije en un lenguaje sencillo, que ella pudiera entender, que no había actuado bien. Le di una serie de razones y luego la condené a un día de arresto en su domicilio. Por lo visto, logré convencerla de que la pena era justa y tenía sentido porque lo interiorizó tanto que, cuando tiempo después le llegó la notificación del juzgado, ella dijo, sorprendida, que ya había cumplido: justo al día siguiente de hablar conmigo se había quedado toda la jornada sin salir de casa».
Este es el lado bueno de la profesión, pero los presidentes de los Tribunales Superiores creen que la justicia en España es tan lenta que, cuando llega, a veces ya ni sirve. Las personas tienen que ver sus litigios resueltos en «tiempos razonables», lo cual, en opinión de Juan Luis Ibarra, del País Vasco, no se consigue «si a un juzgado le llegan 8000 asuntos en un año». La lentitud va a impedir que al final esa sea una buena respuesta a sus problemas. «Una justicia que no llega a tiempo no es justicia, aunque sea de muy buena calidad», afirma César Tolosa, de Cantabria.


¿Y existe alguna manera de agilizarla? Creen que sí. Y aportan soluciones. La primera es contar con más personal, pero en tiempos de recortes esto puede ser complicado. La segunda, más factible: que se empleen nuevas tecnologías, los ordenadores, las conexiones en red entre los juzgados para que así puedan intercambiar sus informaciones a golpe de clic. Califican de `insólita´ la situación que viven ahora mismo y denuncian que incluso tienen que trabajar con sistemas informáticos que no son compatibles entre sí.


Hay más ideas para ganar rapidez. En lugar de que cada juzgado tenga su personal, son favorables a que los funcionarios de Justicia trabajen en una oficina única que atienda a todos los magistrados y así se optimicen recursos. Esta experiencia ya se ha puesto en marcha, pero los jueces critican que se ha establecido tanta burocracia en este sistema que se pierde agilidad.


Entre los cambios que algunos magistrados proponen está quitar a los políticos el poder de nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. «Así mejoraría la imagen de esa institución y de la justicia», afirma Vicente Rouco, de Castilla-La Mancha. Y, además, creen que la actual división en partidos judiciales es obsoleta, que se debe evitar que todo problema se criminalice y que en este país, en lugar de ir a juicio con tanta facilidad, habría que intentar solucionar los conflictos a través de la mediación y el arbitraje.




http://xlsemanal.finanzas.com/web/artic ... icion=7047

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