El franquismo enterró a 349 niños en la fosa común de Málaga

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El franquismo enterró a 349 niños en la fosa común de Málaga

Mensajepor DreamsClassic » 15 Ago 2010 14:17

El franquismo enterró a 349 niños en la fosa común de Málaga.

La cifra de 349 niños se refiere a críos menores de diez años, según la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Murieron la mayoría en 1937 y en años inmediatamente posteriores...



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La fosa común de Málaga, de la que han sido exhumados restos de 2.840 personas, acogió los cuerpos de 349 niños muertos de hambre, enfermedades o heridas. Así lo recoge el informe de la excavación de las ocho fosas y el patio civil del Cementerio de San Rafael, el mayor enterramiento de la guerra civil y la represión abierto hasta hoy.
La cifra de 349 niños se refiere a críos menores de diez años, según la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Murieron la mayoría en 1937 y en años inmediatamente posteriores.

No siempre eran descendientes de enterrados allí. Bastaba con que fueran hijos de quienes eran rojos a ojos de los supercalifragilisticos, que los inhumaban en la fosa sin apenas control. "Un niño que iba a la cárcel con su madre, si moría de hambre o tifus, iba allí. Uno muerto en un bombardeo, también", explica una fuente de la investigación. Más de un tercio de estas víctimas infantiles (132) estaban en el sector 8, donde abundan las inhumaciones en féretro de cuerpos llegados desde la prisión provincial.

Aparte de los 349 niños, se han exhumado cadáveres de 1.138 hombres y 89 mujeres. Del resto de cuerpos (1.262 más), no se determinó el sexo. Hasta el momento, sólo se ha identificado a una persona. Ahora está abierto el plazo para que las familias que creen tener familiares allí den ADN a la Universidad de Málaga. Más de 200 ya lo han hecho. Se prevé que se sumen otros dos centenares más. La cal viva dificultará las identificaciones.

Dos décadas de exterminio

En el cementerio, hay registrados 4.471 entierros en la fosa común. Es decir, faltan 1.631 cadáveres por exhumar. Existen hipótesis, no certificadas, que sugieren que hubo traslados a otros lugares, como el Valle de los Caídos. La Asociación contra la Memoria y el Olvido -promotora de la exhumación en la que ha participado la Junta de Andalucía, el Gobierno español y el Ayuntamiento de Málaga- pretende que se construya un panteón con todos los huesos y una placa con los 4.471 nombres

Según el informe, los cuerpos fueron enterrados entre febrero de 1937 y mayo de 1957. Se trató de un "exterminio seleccionado durante dos décadas". La mayoría fueron disparos en el pecho. Abundan los tiros de gracia con arma corta. Hay individuos golpeados con objetos contundentes. Muchos eran arrojados de tal forma que quedaban "en posiciones extremas". La mayoría tenía "entre 20 y 40 años".

Los enterrados en las seis primeras fosas fueron fusilados en la primera mitad de 1937. Los del sector 7, a partir de entonces. En el Patio Civil, eran sepultados los no creyentes y los suicidas. "Solían estar maniatados con alambres", explica el director de los trabajos, Sebastián Fernández.
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Mensajepor xexitano » 15 Ago 2010 19:30

SOLO DE UNA PARTE?

PARACUELLOS



Las víctimas

Lápida sepulcral de los "mártires de Almagro" en la iglesia del convento dominico de la Asunción de Calatrava de Almagro (Ciudad Real). Los cuatro dominicos beatificados que aparecen en la lápida (José Delgado Pérez, José Prieto Fuentes, Manuel Santiago Santiago y Francisco Fernández Escosura), fueron asesinados en Paracuellos del Jarama.Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre tuvieron lugar, pues, 33 sacas de presos de las prisiones de Madrid. De ellas, 23 concluyeron con el asesinato de sus integrantes. Las expediciones partieron de la Cárcel Modelo (7, 8 y 9 de noviembre; la cárcel fue evacuada el día 16 y los presos que aún quedaban en ella repartidos entre otras cárceles madrileñas), la de Porlier (7, 8, 9, 18, 24, 25 y 26 de noviembre, 1 y 3 de diciembre; de esta prisión, sólo una saca, la del 30 de noviembre, no terminó en tragedia), la de San Antón (7, 22, 28, 29 y 30 de noviembre) y la de Ventas (27, 29 y 30 de noviembre y 1 y 3 de diciembre). No hubo ninguna saca en las cárceles de mujeres, por lo que no existe ninguna presa asesinada en Paracuellos. La mayor parte de las víctimas provinieron de la Cárcel Modelo.[52]

En cuanto a la tipología de las víctimas, éstas pertenecían en su mayor parte a la clase media conservadora y católica, entre los que se contaban abogados, jueces, periodistas, escritores, catedráticos y médicos. Había también un elevado número de militares, falangistas y religiosos, entre las que hay documentados varios casos de padres e hijos y de hermanos muertos juntos. Entre las víctimas había también menores de 21 años.[53] La mayoría habían sido detenidos en Madrid (o trasladados a las cárceles madrileñas desde otras localidades) desde el inicio de la guerra. En el caso de los presos civiles, en su inmensa mayoría sin haber participado en la sublevación militar y sin haber recibido acusación concreta ni juicio alguno. Entre las víctimas se encontraban Federico Salmón, ministro de Trabajo por la CEDA en 1935, Jesús Cánovas del Castillo, político agrarista, e incluso un futbolista, Monchín Triana, que había jugado en el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En una de las sacas, la del día 27 de noviembre, procedente de la cárcel de San Antón, encontró la muerte el dramaturgo español Pedro Muñoz Seca. Muñoz Seca, que conoció días antes el fin que le esperaba y tuvo tiempo de escribir a su mujer, dejó dicho a otro preso: “Se me acusa de monárquico, por haber llevado a Roma para Don Alfonso XIII el manto de la Virgen del Pilar. Con este manto voy a morir yo también”. También pereció Mateo García de los Reyes, almirante retirado, primer comandante del arma submarina y Ministro de Marina durante la dictadura de Primo de Rivera. Otra víctima relevante fue Ricardo de la Cierva Codorníu, un joven abogado cuya relevancia estriba en que trabajaba para la embajada noruega, al frente de la cual se había colocado Félix Schlayer, que fue quien descubrió las fosas en Paracuellos precisamente siguiendo la pista de su abogado. La Cierva, muerto el 7 de noviembre en una de las sacas procedentes de la cárcel Modelo, era hijo del político conservador Juan de la Cierva Peñafiel, varias veces ministro de la monarquía, padre del historiador Ricardo de la Cierva, y hermano de Juan de la Cierva, el inventor del autogiro.

Las víctimas fueron depositadas en seis fosas excavadas en Paracuellos entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, en algunos casos por los propios vecinos del pueblo de Paracuellos, obligados a ello pistola en mano (existen también aquí discrepancias; mientras que Gibson sostiene que las fosas no estaban abiertas cuando llegaron las primeras sacas, basándose en el testimonio de Ricardo Aresté Yebes, testigo presencial, alcalde de Paracuellos en 1983 e hijo del alcalde de la localidad en 1936,[54] Vidal afirma que estaban ya excavadas puesto que es "la práctica habitual en este tipo de casos", descartando las afirmaciones de Aresté como una mera excusa para asegurar que nadie en Paracuellos, incluido su padre, sabían nada de lo que estaba sucediendo[55] ). Una última fosa, la número 7, fue excavada en 1940, una vez acabada la guerra, para acoger los cadáveres de los fusilados en Soto de Aldovea (Torrejón de Ardoz) en las mismas fechas, así como las de otros asesinados en fechas diferentes en lugares como Boadilla del Monte. Todos ellos fueron trasladados al cementerio de Paracuellos en féretros individuales y con toda formalidad.

Cifras

El número total de fusilados en los campos de Paracuellos y de Torrejón ha conocido, desde el principio, distintas cuantificaciones. Su cálculo es complejo porque las órdenes para extraer presos de las cárceles madrileñas (que incluían listas nominativas conservadas entre los documentos de la Causa General) no incluían ninguna indicación acerca del destino final de los sacados de las cárceles. Dichas órdenes, como ya se ha indicado, justificaban la extracción de presos bajo la apariencia de traslado a otras cárceles, o incluso de puesta en libertad de los presos. Además, mientras que algunas expediciones eran efectivamente trasladadas y llegaban sanas y salva a su destino (las menos), otras terminaban en las fosas comunes de Paracuellos y Torrejón.

El historiador Ian Gibson ofreció en la década de 1980 la cifra de 2.400 asesinados.[56] Para ello se basó en el cotejo de las relaciones nominativas registradas en la Causa General (las usadas para extraer los presos de las cárceles) con los listados incluidos en el diario ultraderechista El Alcázar (que el 3 de enero de 1977,[57] en los meses previos a la legalización del Partido Comunista de España, a la que se oponían frontalmente los herederos de la dictadura, publicó una lista nominativa de 2.500 asesinados,[58] afirmando que en Paracuellos habían sido asesinadas entre 10.000 y 12.000 personas; el periódico titulaba en portada «Descansen en paz los doce mil mártires vilmente asesinados y enterrados en fosas comunes en Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936 por mandato expreso del consejero de Orden Público del Gobierno Rojo, el comunista Santiago Carrillo»), y determinar así cuáles de las sacas terminaron en asesinato. De acuerdo con Gibson, la lista de El Alcázar es una copia literal de la publicada en Comunicación. Órgano oficial de la Delegación Nacional de Ex Cautivos, Madrid, suplemento extraordinario número 5, publicada el 7 de noviembre de 1941, que a su vez se basa en las investigaciones llevadas a cabo, tras la guerra, por la Asociación de Familiares de los Mártires de Paracuellos del Jarama. Gibson también indica que utilizó el libro del padre Vicuña Mártires agustinos de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, 1943 (sobre los monjes agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, asesinados en Paracuellos; el padre agustino Carlos Vicuña Murguiondo fue el único de los agustinos de El Escorial que no encontró la muerte en el otoño de 1936, siendo liberado gracias a las gestiones del Partido Nacionalista Vasco[59] ), para realizar este cotejado. En el caso de la Cárcel Modelo, Gibson verifica la cifra de asesinados procedentes de esta prisión también con el libro de Schlayer y con los registros oficiosos de la Cruz Roja Internacional enviados por Georges Henny, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Madrid. De este cotejado, deduce unas cifras aproximadas de 2.000 asesinados. Teniendo en cuenta las afirmaciones de Ricardo de la Cierva que indica que existen 2.750 víctimas identificadas (citado en El cementerio de Paracuellos del Jarama, Madrid, 1972), datos obtenidos de los archivos de la Asociación de Familiares de los Mártires de Paracuellos (citado en La matanza de Paracuellos, incluido en España 1936-1976. La historia se confiesa, Barcelona, 1978), todo ello reiterado en su obra de 1994,[60] Gibson ofrece una estimación final de los citados 2.400 asesinados (curiosamente, La Cierva afirma que "Gibson se declara de acuerdo con mis datos, confirmados por un estudio analítico de «El Alcázar»".[60] En su edición de 2005, Gibson mantuvo sus conclusiones.

Por su parte, Vidal hace un repaso de las diversas cifras proporcionadas hasta entonces,[61] de forma errónea en todos los casos.[62] Finalmente, Vidal da por bueno un trabajo no publicado ni sometido a revisión historiográfica hasta el momento de José Manuel Ezpeleta, piloto aéreo, nieto de un asesinado en Paracuellos y vocal de la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires de Paracuellos del Jarama[63] (citado erróneamente por Vidal como J.A. Ezpeleta; la edición de bolsillo del libro de Vidal incluye una errata en este punto, ya que atribuye estos estudios a un tal J.A. Ezquerra), el cual incluye una lista de 4.200 asesinados, según Ezpeleta completamente identificados, sin contar los 414 fusilados en el Soto de Aldovea en Torrejón de Ardoz, procedentes de una saca de la cárcel de San Antón (y de los que, tras su exhumación, sólo se identificó a 96). César Vidal alaba lo que él considera rigor del autor, tomando sus investigaciones como definitivas y redondeando la cifra a unos 5.000[64] (Vidal incluye en su libro una lista de 4.021 víctimas de las matanzas de Paracuellos,[65] si bien no especifica si se trata de la lista de Ezpeleta).


Finalmente, Cervera ofrece la cifra de unos 2.000 asesinados.[66] Su razonamiento comienza con la relavitización de la lista de El Alcázar, utilizada por Gibson en sus estimaciones ("El conocido trabajo de Gibson les otorga una extraordinaria importancia como base sobre la que cuantificar el número de los asesinados, lo cual nos indica que no parece que las examinara con mucho rigor"[67] ). Así, señala la existencia de víctimas que aparecen listadas dos veces o la inclusión de víctimas asesinadas en sacas ocurridas antes del 7 de noviembre (como Ramiro Ledesma, parte de una saca procedente de la cárcel de Ventas cuyos integrantes fueron asesinados en el cementerio de Aravaca la madrugada del 1 de noviembre, como el propio Gibson detalla en su libro[68] ). Cervera también descalifica la cifra de 12.000 incluida en el artículo, puesto que, de acuerdo con sus investigaciones, sobrepasaría el total de población reclusa en Madrid en noviembre de 1936.[69] A continuación, cita el trabajo de Rafael Casas de la Vega, El terror. Madrid 1936, Madrid, 1994, el cual incluye también listados con los asesinados en la provincia de Madrid, incluyendo los de las sacas de noviembre y diciembre. Cervera señala que abundan los nombres repetidos con leves variaciones ortográficas, errores de fecha, lugar y circunstancias de las muertes, así como personas que estaban vivas después de la presunta fecha de su muerte, lo cual le hace poner en duda la fiabilidad de las cifras de Casas de la Vega (que eran 2.410 con seguridad y 526 más necesitadas de comprobación).[70] Por todo ello, usando los listados disponibles en la Causa General y las listas de El Alcázar y Casas de la Vega, que permitían descartar nombres, se llega a la cifra de algo más de 2.000 personas.

Las responsabilidades

La responsabilidad última de estos crímenes (quién o quienes dieron las órdenes de proceder a las matanzas) es un asunto aún abierto y la tarea de determinarla es cada vez más ardua para los historiadores, a causa de la muerte de muchas personas clave de dichos hechos y de la ausencia de pruebas directas acerca de quién o quienes dieron las órdenes de que algunas de las sacas terminasen en las fosas comunes de Paracuellos o Torrejón. También resulta controvertido dilucidar las complicidades en tales hechos (esto es, qué autoridades, teniendo constancia de las matanzas, no hicieron lo suficiente para impedirlas). Así, Cervera distingue en su análisis entre la responsabilidad directa, es decir, la de los que planearon los asesinatos y dieron las órdenes para su ejecución, y las de aquellos que, conociendo que se estaban llevando a cabo tales acciones, no hicieron lo suficiente para terminar con ellas, aún disponiendo de poder y medios para ello.[71]

El hispanista irlandés Ian Gibson afirma que es clara la responsabilidad del Partido Comunista, cada vez más poderoso en Madrid y fuerza hegemónica en el Consejo de la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Orden Público (presidido por Segundo Serrano Poncela), continuador del Comité Provincial de Investigación Pública (la tristemente célebre checa de Bellas Artes y luego de Fomento), dirigido en la sombra por los agentes soviéticos en España Mijail Koltsov (al que identifica como a la persona que se ocultaba bajo el seudónimo de Miguel Martínez) y Nikloski "Alejandro" Orlov, jefe de la NKVD en España.[72] De acuerdo con Gibson, el "Consejillo de Orden Público" habría implantado un "sistema de terror y muerte". Un sistema que era heredero de la tristemente célebre "checa de Fomento" y que dirigía el Consejillo de la Dirección General de Seguridad, un organismo controlado por los comunistas con la colaboración activa de los anarquistas. Estos asesinatos no tuvieron lugar en cualquier momento, sino en una especial situación, en la que las tropas franquistas se encontraban a las puertas de la ciudad, sin saberse si entrarían en la ciudad en cualquier momento. En la situación de "miedo y pánico que se habían apoderado de un Madrid sujeto día y noche al bombardeo, aquellos duros del Consejillo [el Consejo de la Dirección General de Seguridad] no estaban dispuestos a tratar humanamente a los presos «supercalifragilisticos» hacinados en las cárceles de Madrid. Y además, las masas que representaban clamaban por la sangre de aquellos reclusos.[73]


Respecto a otras personas acusadas por otros autores de haber ordenado las matanzas, Gibson no considera en ningún momento como responsable de estas a Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad, que había abandonado la ciudad en la tarde-noche del 6 de noviembre con el resto del Gobierno, habiendo dejado una orden de evacuación de presos de la cárcel de San Antón a Alcalá de Henares, que fue usada el día 7, con la fecha probablemente manipulada. Tampoco menciona a Margarita Nelken, diputada socialista sin ninguna participación en el Gobierno ni en la Junta de Defensa de Madrid (acusada por César Vidal, el cual, siguiendo a Schlayer, la considera sucesora de Muñoz al frente de la Dirección General de Seguridad el 7 de noviembre; Gibson no considera que existiese tal "sucesión" en la DGS entre la huida de su titular, en la noche del 6 de noviembre y la constitución de la Junta de Defensa de Madrid, en la madrugada del 7).[74] Con respecto a Santiago Carrillo, afirma que es difícil de creer que aquel no estuviese enterado de las matanzas que se habían producido los días 7 y 8 de noviembre, si no enseguida, sí muy poco tiempo después (máxime teniendo en cuenta la conversación con Schlayer, en la que éste le había advertido de la situación de los presos), si bien es posible que Carrillo no tuviese nada que ver con ella. Gibson concluye que tanto Carrillo como su delegado, Segundo Serrano Poncela, prefirieron no darse por enterados del "sistema de terror y muerte implantado antes de su llegada al poder, de acuerdo, pero continuado durante su mandato. [...] A la vista de esta situación, tanto Carrillo como Serrano Poncela, a nuestro juicio, optaron por hacer la vista gorda".[75] Prueba de que, en caso de haberse querido, la Consejería de Orden Público, a cuyo frente estaba Carrillo, podía haber evitado las sacas, es su cese con el nombramiento de Melchor Rodríguez como delegado especial de Prisiones.[76]

César Vidal no hace ninguna distinción entre responsabilidades directas e indirectas. Así, sostiene que la responsabilidad última de los fusilamientos la tuvieron Santiago Carrillo, como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, y sus subordinados comunistas, socialistas y anarquistas. También acusa a Margarita Nelken, diputada socialista, Manuel Muñoz Martínez, director General de Seguridad, a los ministros del Gobierno de Largo Caballero Angel Galarza (Gobernación) y García Oliver (Justicia). La responsabilidad estaría, en definitiva, "en una visión ideológica que pretendía poseer la autoridad y legitimidad suficientes como para decidir la muerte de segmentos enteros de la población". Carrillo ha argüido que Paracuellos de Jarama no se encontraba dentro del área de jurisdicción de la Junta de Defensa para sostener su inocencia, aunque las cárceles desde donde partieron todos las sacas de presos sí que lo estaban.[77]

Javier Cervera por su parte, afirma que indudablemente las matanzas fueron cuidadosamente preparadas y no resultaron obra de incontrolados, individuos aislados o comités autónomos. En su análisis, Cervera diferencia entre responsabilidades directas (los que ordenaron y planificaron las matanzas) e indirectas (aquellos que pudiendo haberlas evitado no lo hicieron) y comienza descartando responsables. Así descarta a los comités de las tristemente célebres checas, así como al Gobierno de la República o a sus Tribunales de Justicia. A los chequistas los descarta debido a que nunca se preocuparon la selección de paseados o de la elaboración de listas. Respecto al Gobierno de la República, Cervera señala las sacas tuvieron cuando el gobierno se encontraba en Valencia, no comenzando hasta horas después de su partida. El Gobierno, y sobre todo su ministro de Estado, Julio Álvarez del Vayo, era consciente de la atención del Cuerpo Diplomático a la situación de las prisiones desde agosto. En un momento en el que la República necesitaba desesperadamente el apoyo de las democracias europeas, una acción de tal calibre únicamente conseguiría deslegitimar al Gobierno de la República. Además, las sacas iban en contra de los esfuerzos del Gobierno para instituir los Tribunales Populares que hacer pagar sus culpas legalmente a los sublevados y sus partidarios. Cervera afirma, basándose, entre otras cosas, en los reglamentos aplicables a la gestión de las salidas de presos de las cárceles madrileñas, que la responsabilidad de las sacas estuvo en el entorno de la Dirección General de Seguridad. Sin embargo, también exculpa a su director, Manuel Muñoz Martínez, puesto que éste huye a Valencia el día 6 de noviembre hacia las siete de la tarde y las sacas no comenzaron hasta la madrugada del día 7 (en compañía del ministro de Gobernación, Ángel Galarza, el cual, obviamente tampoco estuvo en Madrid en el momento de las sacas). Efectivamente, una de las órdenes de extracciones de presos, utilizada en la cárcel de San Antón el 7 de noviembre, estaba firmada por él, pero Muñoz no se encontraba en Madrid y el documento conservado en la Causa General parece tener raspada la fecha de esta orden (Muñoz sí que había firmado anteriormente otras órdenes de extracciones de presos que terminaron en matanza, como las utilizadas en la cárcel de Ventas los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, en la que los integrantes de las expediciones fueron asesinados en el cementerio de Aravaca), por lo que puede descartarse la participación de Muñoz en estas sacas (tras el día 7, su firma no volvió a aparecer en ninguna orden). Por otra parte, la iniciativa de eliminar a los presos tampoco partió del Gobierno a través de los Tribunales Populares, puesto que tras las matanzas, muchos presos fueron llamados a juicio, ignorantes los Tribunales Populares de que habían sido asesinados.

Cervera achaca la responsabilidad directa de la decisión y planificación de los asesinatos a sectores, personas u organismos comunistas, actuando desde la Dirección General de Seguridad, que dependía de la Consejería de Orden Público. Adicionalmente, señala que se contó con la complicidad de miembros de la Federación Local de la CNT, tal como indican los hallazgos de Reverte.[10] Sobre la implicación de los soviéticos, ante la falta de documentos al respecto, Cervera no la descarta, pero tampoco la afirma. [78]

La principal novedad de Cervera es que sigue la tesis de Jorge Martínez Reverte, según la cual los anarquistas tomaron parte en los hechos (Payne también lo hace[11] ). Según Reverte, la orden de la matanza vendría de los agentes soviéticos que, con mano de hierro, dirigían al PCE en aquellos momentos. La ejecución de las matanzas habría corrido a cargo de comunistas y anarquistas (la participación de estos últimos era absolutamente necesaria al controlar las Milicias de Etapas, encargadas de vigilar las carreteras. Una vez constituida la Junta de Defensa, representantes cenetistas y de las JSU se habrían reunido en un aparte (sin contar con el general Miaja ni con los representantes de otros partidos) y habrían llegado a un acuerdo consistente en clasificar a los presos, unos ocho mil, en tres categorías: la primera, compuesta por “supercalifragilisticos” y elementos "peligrosos" que serían ejecutados de inmediato; la segunda, con responsabilidades menores, sería trasladada a Chinchilla; los componentes de la tercera serían puestos en libertad. La alianza sería meramente circunstancial, puesto que aunque ambos compartían la obsesión por eliminar a los miembros de la derecha, alimentada por los miles de asesinatos que los sublevados habían ido cometiendo en su avance hacia Madrid, se detestaban. Sin embargo, unos controlaban la consejería de Orden Público, con la policía y los ficheros de presos, y otros las carreteras de salida de Madrid, por donde las expediciones deberían pasar si no se querían llevar a cabo las matanzas en pleno Madrid. Sin embargo, Reverte también sostuvo que las JSU no tenían la autonomía suficiente para tomar una decisión de tal calibre y que fueron los agentes estalinistas soviéticos, de los que Mijail Koltsov era el más conocido, quienes tomaron la decisión.

Reverte fundamentaba esta tesis en un documento encontrado por él mismo en los archivos de la CNT: el acta de una reunión en el local del Comité Nacional de la CNT entre distintos miembros de comités de la organización confederal en Madrid llevada a cabo el 8 de noviembre en la que uno de los conocedores del supuesto pacto secreto, Amor Nuño, consejero de Industrias de Guerra de la Junta de Defensa de Madrid, relata con todo detalle el acuerdo que se había tomado. Sin embargo, en el acta no aparecen los nombres de los representantes de las JSU que habían participado en la reunión.[10]

Herederos del movimiento anarquista[79] [80] han negado cualquier participación anarquista en las matanzas de Paracuellos.

Julián Casanova, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza asigna las responsabilidades a las autoridades comunistas de la Consejería de Orden Público, asesoradas por los soviéticos, en el libro, coordinado por Santos Juliá, Víctimas de la guerra civil, Madrid, 1999, citando a Manuel Muñoz, Santiago Carrillo y Segundo Serrano Poncela:

No parece exagerado cargar la responsabilidad sobre los aparatos policiales, bajo control comunista y con asesores soviéticos, sobre militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas y sobre los máximos dirigentes de ese sistema policial: Manuel Muñoz, director general de Seguridad; Santiago Carrillo, consejero de Orden Público; y Segundo Serrano Poncela, «delegado para la Dirección General de Seguridad» [...] las «sacas» de noviembre apuntan a una limpieza de la retaguardia en toda regla, dictada por la guerra y querida al mismo tiempo, una ocasión extraordinaria para aniquilar al enemigo político, ideológico y de clase.

(Juliá 1999: 134-135)
[editar] La responsabilidad de Santiago Carrillo

Santiago Carrillo era consejero de Orden Público cuando tuvieron lugar las matanzas.En la madrugada del 7 de noviembre, el puesto de consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid había recaído en el joven Santiago Carrillo. Tenía 21 años y era el secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas, una organización que contaba con 30.000 militantes en julio de 1936 y que constituía el resultado de la fusión entre las juventudes del PSOE y las del PCE. Carrillo provenía de las socialistas, alineadas con el ala izquierda del partido, liderada por Largo Caballero. Sin embargo, cuando se hizo cargo de la consejería, Carrillo había solicitado ya (el mismo día 6 de noviembre), junto con muchos de sus compañeros de la dirección de las JSU, el ingreso en el PCE, algo que desconocían en el PSOE.

Ya la célebre Causa General franquista mencionó a Carrillo en relación con las matanzas. En el capítulo 7 de Causa General. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público, Cárceles y asesinatos,[81] Carrillo aparece mencionado una única vez, como consejero de Orden Público y responsable del nombramiento de Segundo Serrano Poncela como delegado de Orden Público, responsable a su vez del Consejo de la Dirección General de Seguridad, al que se le atribuye la responsabilidad de las matanzas. También en el Anexo 4, relativo a Las checas, Carrillo es definido como presidente, junto con Serrano Poncela del Consejo, el cual procedió a las extracciones de presos, los cuales fueron asesinados por las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia[82] (en relación con ello, el propio Carrillo afirmó que la imputación por parte del régimen franquista acerca de su culpabilidad se produjo sólo cuando fue elevado a la secretaría general del Partido Comunista de España, en la década de 1950, veinte años después de las masacres[83] ).

Autores identificados con el franquismo, como Ricardo de la Cierva (hijo, además, de un asesinado en Paracuellos), acusan a Santiago Carrillo de haber ordenado las matanzas.[84] Tales acusaciones son lugar común entre círculos de la extrema derecha,[85] donde la calificación de Carrillo como «genocida» y «asesino» es habitual, así como por parte de periodistas autodefinidos como liberales.[86] [87] Familiares de los asesinados han acusado también a Carrillo, mostrándose convencidos también de su responsabilidad.[88] Autores como César Vidal, Pío Moa,[89] Rafael Casas de la Vega[cita requerida], o Stanley G. Payne[90] han secundado tales acusaciones. Incluso historiadores alejados de las corrientes representadas por estos últimos, como Guillermo Cabanellas se han mostrado de acuerdo, siguiendo el testimonio de Jesús de Galíndez (véase más abajo),[91] si bien considerando que fueron los agentes soviéticos los que posiblemente ordenaron las matanzas, siendo Carrillo el brazo ejecutor de la operación.[92]

No existe sin embargo ninguna prueba documental o testimonio directos que prueben o le acusen de haber ordenado las matanzas, aunque sí documentos o citas de terceras personas que han sido interpretadas por algunos autores como pruebas. El propio Carrillo ha desmentido repetidamente que fuese él la persona que ordenase las matanzas, centrándose en las sacas de la cárcel Modelo y atribuyéndolas generalmente a grupos de incontrolados operando fuera de su jurisdicción, que interceptaron los convoyes, los cuales contaban con una escolta escasa y poco dispuesta a defender a los presos debido a la crítica situación militar y de estado de ánimo de los defensores de la ciudad.[93] En su entrevista con Ian Gibson para Paracuellos: cómo fue, Carrillo niega la posibilidad de que los responsables de las matanzas fueran parte de la consejería de Orden Público[94] aunque insinúa la responsabilidad de Serrano Poncela[95] y de los agentes soviéticos.[96]

Modernamente, ha sido César Vidal el autor que más se ha distinguido en atribuir la responsabilidad de las matanzas a Carrillo. Así, escribe que "debe afirmarse que la responsabilidad ejecutora de Carrillo no tuvo ninguna duda ninguno de los que supieron, en noviembre de 1936, lo que estaba sucediendo —como no la han tenido después los familiares de los asesinados ni los estudiosos del tema— ya formaran parte del cuerpo diplomático, como [Felix] Schlayer o de las autoridades republicanas".[97] En su apoyo, cita los escritos del diplomático germano-noruego Felix Schlayer (Diplomat im roten Madrid de 1938) y el nacionalista vasco Jesús de Galíndez (Los vascos en el Madrid sitiado). Así, respecto al primero, Vidal afirma que Schlayer, el día 7 de noviembre:

...se encaminó a su entrevista con Santiago Carrillo. El consejero de Orden Público demostró una notable astucia pero no cayó en el engaño. Con todo, el cónsul noruego no supo exactamente qué responsabilidad atribuirle en lo que sucedía [...] Sí que tuvo clara la responsabilidad subsiguiente a aquella entrevista y, ciertamente, no se equivoca. En el curso de los días siguientes, no solo continuaron las sacas sino que Schlayer constató que Miaja y Carrillo no hacían nada para impedir las matanzas. «Y —como escribiría tiempo después— entonces sí que no podían alegar desconocimiento ya que estaban informados por nosotros».

(Vidal 2005: 183)
Respecto al segundo, Vidal cita la obra de Galíndez:

Algunos de estos supercalifragilisticos [la Quinta Columna] estaban refugiados en las embajadas protegidas por el "tabú" de la extraterritorialidad, muchos aún se agazapaban en casas particulares desde las cuales tiroteaban a mansalva, pero otros estaban apresados en las cárceles de la ciudad. Y el mismo día 6 de noviembre se decidió la limpieza de esta Quinta Columna, por las nuevas autoridades que controlaban el orden público.

Los supercalifragilisticos se han encargado de propagar escenas y cifras, que creo no son del todo ciertas. Pero la trágica limpieza fue desgraciadamente histórica, no caben paliativos a la verdad. En la noche del 6 de noviembre fueron sumariamente revisadas las fichas de unos 600 presos de la Cárcel Modelo, y, comprobada su condición de supercalifragilisticos, ejecutados en el pueblecito de Paracuellos del Jarama, cerca de Alcalá de Henares; dos noches después, otros 400 presos eran idénticamente ejecutados; en total fueron 1.020. En días sucesivos, hasta el 4 de diciembre, la limpieza seguiría, aunque con cifras inferiores, en las demás cárceles provisionales[...] Las matanzas de agosto, los paseos, son injustificables, pero se explican por la situación del momento y la índole de las personas que la hicieron; para mí, la limpieza de noviembre es el borrón más grave de la defensa de Madrid, por ser dirigida por las autoridades encargadas del orden público.

(Galíndez 2005: 85-88), citado parcialmente en (Vidal 2005: 218)
No cita Vidal, sin embargo, la siguiente frase del libro de Galíndez:

Bien es verdad, que a primeros de diciembre dejó Serrano Poncela la Delegación de Orden Público y fue nombrado Melchor Rodríguez para la Delegación de Prisiones, momento en el cual las matanzas cesaron y Tribunales Regulares comenzaron a actuar con un criterio justo y benévolo.

(Galíndez 2005: 88)
Finalmente, Vidal señala que Carrillo justifica en sus memorias su desconocimiento sobre lo que ocurrió con los presos extraídos de la cárcel Modelo, pero muestra un "silencio absoluto" sobre la segunda fase de las matanzas (la ocurrida a partir del 18 de noviembre).[98]

Los textos citados por Vidal demostrarían que, tras la entrevista con Schlayer (cuando ya se habían producido las primeras sacas que terminaron en fosas comunes), efectivamente Carrillo no desconocía que estaban teniendo lugar asesinatos entre los presos de las cárceles madrileñas, y que la responsabilidad emanaba de las autoridades de orden público, como afirma Galíndez (si bien este último apunta como responsable a Serrano Poncela).


La ultraderecha considera a Santiago Carrillo responsable del "genocidio" de Paracuellos. En la foto, un póster colocado en el pedestal de la estatua de Francisco Franco en los Nuevos Ministerios de Madrid tras su retirada en 2005.Por su parte, Gibson examina también otras afirmaciones de Galíndez, que han sido utilizadas como argumento incriminatorio de Carrillo:

El deber de estricta objetividad que me he impuesto hace que dé cuenta de la versión escuchada en labios de Segundo Serrano Poncela, baja en el Partido Comunista antes de terminar la guerra, y exiliado finalmente en la República Dominicana. Según sus palabras, él ignoró totalmente que el «traslado a Chinchilla», o las órdenes de libertad posteriores, fueran una contraseña convenida para sacarlos de la prisión y matarlos en las afueras de Madrid; las órdenes le eran pasadas por el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, y él se limitaba a firmarlas; y tan pronto como averiguó la trágica verdad, a primeros de diciembre, dimitió de su cargo. El asunto es tan delicado y grave que no juzgo lícito opinar.

(Galíndez 2005: 89) citado en (Gibson 2005: 251-252)
Gibson, sin embargo, descarta esta "prueba de cargo" por dos razones: que según al menos dos fuentes, el propio Carrillo y Arturo García de la Rosa, Serrano Poncela fue destituido, no dimitió; y que no existe ninguna mención en los documentos de la Causa General sobre el procedimiento al que según Galíndez aludió Serrano Poncela. Gibson concluye que: "Si Serrano Poncela pronunció, pues, las palabras recogidas por Galíndez, creemos que o bien mentía o sufría una aguda amnesia".[75] Carrillo reconoce, sin embargo, en una entrevista con el propio Gibson, que no recuerda si existe algún documento recogiendo la destitución de Serrano Poncela (Gibson confirma que no existe ninguna referencia en el Boletín de la Junta de Defensa).[99] Este hecho (la falta de orden de destitución) es para Vidal un intento de Carrillo de evadir su responsabilidad y transferírsela a Serrano Poncela.[100]

No obstante, la prueba definitiva para Vidal sería un documento proveniente de los archivos soviéticos, con fecha de 30 de julio de 1937, que fue sacado a la luz los historiadores estadounidenses Ronald Radosh, Mary Habeck y Grigory Sevostianov en 2001, junto con otros 80 documentos en su libro de 2001Spain Betrayed: The Soviet Union in the Spanish Civil War, y que habían atribuido a Georgi Dimitrov, secretario general de la Internacional Comunista (Komintern). Según la traducción de Vidal (existe una traducción al español desde el original inglés en que se publicó el citado documento, en España traicionada. Stalin y la guerra civil, Barcelona, 2002; Vidal afirma que la traducción al castellano de dicho documento estaba mutilada, por lo que hizo la traducción directamente desde el ruso), Dimitrov envió un informe a Voroshilov, comisario del Pueblo (ministro) de Defensa soviético:

Pasemos ahora a Irujo. Es un nacionalista vasco, católico. Es un buen jesuita, digno discípulo de Ignacio de Loyola. Estuvo implicado en el escándalo financiero Salamanca-Francia. Actúa como un verdadero supercalifragilistico. Se dedica especialmente a acosar y perseguir a gente humilde y a los antisupercalifragilisticos que el año pasado trataron con brutalidad a los presos supercalifragilisticos en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Quería detener a Carrillo, secretario general de la Juventud Socialista Unificada, porque cuando los supercalifragilisticos se estaban acercando a Madrid, Carrillo, que era entonces gobernador, dio la orden de fusilar a los funcionarios supercalifragilisticos detenidos.

(Vidal 2005: 219)
Sin embargo, el historiador Ángel Viñas descalifica esta presunta prueba de cargo (Viñas 2006: 35). En primer lugar, señala que el informe no fue escrito por Dimitrov, un personaje de gran importancia en el comunismo mundial de la época, cuya presencia en España, que no consta, no podría haber pasado inadvertida y habría sido registrada (el libro de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, sobre el papel de la Internacional Comunista en la dirección del Partido Comunista de España, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939, no constata ninguna presencia de Dimitrov en España). Más aún, el documento incluye la frase "Hernández vino a verme y me dijo «escribe al camarada Dimitrov, escribe al camarada Manuilsky». Que vengan aquí y echen un vistazo a la belleza del Frente Popular...". El autor del informe habría sido el búlgaro Stoyán Mínev, alias "Stepanov" o "Moreno", delegado de la Komintern en España entre febrero de 1937 y febrero de 1939. Pero no sólo eso. En la traducción original en inglés, el párrafo que apunta a la presunta responsabilidad de Carrillo decía "...Carrillo [...] gave the order to shoot several arrested officers of the fascists.", es decir, que Carrillo ordenó que se fusilara a varios oficiales supercalifragilisticos detenidos, algo bastante diferente a lo afirmado por Vidal, que utiliza el genérico "los funcionarios" (de hecho, el "descubrimiento" de Vidal es ya citado en 1994 por Elorza y Bizcarrondo, a partir de una obra la periodista búlgara Tatiana Vaksberg, Dhevnik, en la que se da cuenta del informe remitido a Dimitrov por Stepanov y se transcribe la frase referida a Carrillo afirmando que Irujo había pretendido detenerle porque "en calidad de gobernador (sic, prueba de la defectuosa información de Stepanov) había dado orden de fusilar a cierto número de oficiales supercalifragilisticos encarcelados").[101] Finalmente, afirma Viñas que la pretendida traducción directa de Vidal desde los archivos militares soviéticos es imposible puesto que el acceso a dichos archivos, tras haber sido abiertos a los investigadores de forma indiscriminada durante los noventa (fecha en la que Radosh y sus colaboradores habían accedido a ellos), se había hecho más difícil, y el legajo conteniendo el informe de Stepanov había sido cerrado a la investigación, puesto que contenía otros documentos que no debían haber sido desclasificados.

Por su parte, Cervera pone en duda las conclusiones que Vidal saca del informe, incluso sin entrar a cuestionar ni su autoría ni posibles defectos de traducción. El razonamiento de Cervera es el siguiente: por una parte, si el informe alude al tiempo en el que "los supercalifragilisticos se estaban acercando a Madrid", en ese momento Carrillo no tenía ningún cargo o responsabilidad oficial, puesto que sólo entró a formar parte de la Junta de Defensa cuando los franquistas estaban ya en Madrid; por otra parte, el cargo de Carrillo no fue en ningún caso el de gobernador (el gobernador civil de Madrid era el socialista Carlos Rubiera Rodríguez, en tanto que la máxima autoridad en Madrid era el general Miaja). El autor del informe demostraría que, apenas a ocho meses de los acontecimientos y a siete meses del abandono por parte de Carrillo de su cargo en la Junta de Defensa, confundía el cargo y desconocía quién era la persona que efectivamente lo ocupaba, por lo que la fiabilidad del autor del informe debería ponerse en duda. En tercer lugar, el autor del informe habla de "funcionarios supercalifragilisticos detenidos", no siendo el carácter de "funcionarios" el determinante a la hora de referirse a los asesinados. Además, en el texto del soviético, y siguiendo la traducción mostrada por Vidal, se diferencia entre detenidos y presos. Sólo se puede hablar en propiedad de presos para los recluidos en las cárceles. Detenidos serían los encerrados en checas (y con frecuencia paseados). Finalmente, los presos habrían sido "tratados con brutalidad" y no asesinados. Por todo ello, Cervera opina que las conclusiones de Vidal son aventuradas al interpretar que el autor del informe se refiere a las sacas y no a los paseos, lo cual, dado el contenido del informe, parece lo más probable. Cervera concluye con que el informe, atribuido a Dimitrov, es de escasa credibilidad.[102]

Otra "prueba" que se ha alegado para justificar la responsabilidad Carrillo es el libro de Schlayer ya citado anteriormente, Diplomat im roten Madrid de 1938. A pesar de haber sido usado profusamente por Gibson en Paracuellos: cómo fue, el libro permaneció sin traducción al castellano hasta 2006, en que fue publicado por la editorial Áltera, bajo el título Matanzas en el Madrid republicano, con traducción de Carmen Wirth Lenaerts (Ricardo de la Cierva señala en 1994 que existía una traducción previa, no publicada y usada por él, efectuada por la Asociación de Familiares de los Mártires [de Paracuellos].[8] De acuerdo con la traducción que publicada en 2006, la descripción que hizo Schlayer de su entrevista con Carrillo el 7 de noviembre es la siguiente:

Dicha autoridad se llamaba Santiago Carrillo. Tuvimos con él una conversación muy larga, en la que recibimos toda clase de promesas de buena voluntad y de intenciones humanitarias respecto a la protección de los presos y al cese de la actividad asesina. Pero la impresión final que sacamos de la entrevista fue de una total inseguridad y falta de sinceridad. Le dije lo que acababa de oír en la Moncloa y le pedí explicaciones. Carrillo pretendía no saber nada de todo aquello, cosa que me parece totalmente inverosímil. A pesar de todas las promesas, aquella noche y al siguiente día continuaron los transportes de presos que sacaban de las cárceles sin que Miaja ni Carrillo se creyeran obligados a intervenir. Y entonces sí que no podían alegar desconocimiento, ya que estaban informados por nosotros.

(Schlayer 2006: 124), citada por (Viñas 2006: 36)
La cita que De la Cierva hace de la impresión de Schlayer sobre la entrevista con Carrillo, usando la traducción de la Asociación de Familiares de los Mártires es bastante similar:

«Él pretendía no saber nada de todo aquello, cosa que me parece inverosímil».

(Cierva 1994: 172)
Según la descripción que aparentemente hizo Schlayer, éste habría pensado que Carrillo estaba ya al corriente, en la tarde del 7 de noviembre, de las sacas de la Cárcel Modelo que habían tenido lugar esa mañana. Vidal da por buena esa afirmación.[103]

Sin embargo, Gibson —que trabajó con una traducción del libro de Schlayer entre finales de los setenta y principios de los ochenta que le había hecho su esposa—, ya en 1983 y mucho antes de la traducción del libro al español, describe la narración de Schlayer sobre su entrevista con Carrillo la tarde del 7 de noviembre de un modo radicalmente diferente:

Schlayer, que, como hemos dicho, abandonó Madrid en julio de 1937 —según él bajo amenaza de muerte lanzada por el Gobierno rojo—, volvió a España al final de la guerra. El 7 de marzo de 1940 prestó declaración ante los jueces de la Causa General acerca de sus investigaciones sobre la matanza de presos. La declaración de Schlayer confirma el relato publicado en su libro en 1938, y no añade nada nuevo a éste. A pesar de ello, creemos oportuno citar su referencia a la conversación que sostuvo con Santiago Carrillo en el Ministerio de la Guerra aquella tarde del 7 de noviembre de 1936, cuando le contó a éste lo que había visto aquella mañana en la cárcel Modelo y le expresó su inquietud por la suerte de los presos políticos.

(Gibson 2005: 138)
A continuación Gibson incluye la citada declaración de Schlayer en la Causa General acerca de la entrevista con Carrillo:

En su visita a Carillo, le denunció estos hechos y mantuvieron larga discusión porque Carrillo sostenía que había máxima seguridad. La situación en Madrid era tan anárquica que le consta que a pesar de haberse perpetrado ya a esa hora la mayor parte de los asesinatos, Carrillo no conocía los hechos.

Declaración de Schlayer ante la Causa General el 7 de marzo de 1940 (caja 1.527, «Embajadas», ff. 77-89, citado en (Gibson 2005: 138-139)
Viñas va más allá y califica de simple "fraude" y "ejemplo típico de tergiversación de documentos de archivo" la traducción publicada por Áltera en su artículo «Técnicas de fraude en el caso de Paracuellos».[104] Traduciendo directamente del alemán (cuyo original, en letra gótica, muestra en el artículo), indica que el texto que en original decía lo siguiente:

Le dije lo que había visto en la Moncloa y le pedí explicaciones, pero respondió que no sabía de ello, algo que considero probable.

(Schlayer 1938; 116)
Bastante alejado del texto citado anteriormente, pero que concuerda plenamente con la narración de Gibson y con el testimonio de Schlayer ante la Causa General en 1940.

Otros argumentos citados por Vidal son las menciones de Carrillo y de miembros del Partido Comunista acerca de la eliminación de la quinta columna en Madrid. El propio Carrillo declara en sus memorias que una de sus máximas preocupaciones como consejero de Orden Público fue la lucha contra la «quinta columna».[105] Ricardo de la Cierva cita un discurso de Francisco Antón, miembro del comité central de PCE, en el pleno ampliado del comité central del PCE celebrado en Valencia entre el 6 y el 8 de marzo de 1937. En él, Antón afirma:

Es difícil asegurar que en Madrid está aniquilada la quinta columna, pero lo que sí es cierto es que allí se le han dado los golpes más fuertes... Y esto —hay que proclamarlo muy alto— se debe a la preocupación del Partido y al trabajo abnegado, constante, de dos camaradas nuevos, pero tan queridos por nosotros como si fueran viejos militantes de nuestro Partido, el camarada Carrillo, cuando fue consejero de Orden Público, y el camarada Cazorla, que lo es ahora.

(Cierva 1994:232-233)
Las opiniones sobre lo que era la quinta columna y sobre quienes la formaban son muy variadas. Carrillo en sus memorias nunca la identifica con los presos de las cárceles.[106] Los autores que sostienen la responsabilidad directa de Carrillo (De la Cierva, Payne, Vidal) consideran que los presos de las cárceles formarían parte de ella (su contemporáneo Galíndez también lo consideraba así, como muestra una de sus citas anteriores), por lo que las menciones a la represión de la quinta columna y la depuración de la retaguardia serían pruebas de cargo inequívocas. Por su parte, Cervera, cuyo libro es una monografía sobre la retaguardia republicana en Madrid durante la Guerra Civil, define la quinta columna, a partir de las notas e instrucciones del general Mola, como "los partidarios de los sublevados integrados en organizaciones clandestinas en la retaguardia enemiga", a cargo de "labores de espionaje, sabotaje, derrotismo y, en general, cualquier actividad subversiva contra el Gobierno republicano, pero con una nota característica: lo realizaba en el marco de una organización y, por tanto, de forma sistemática y estudiada".[107] El discurso de Antón en el pleno del PCE atribuye la represión de la quinta columna tanto a Carrillo (bajo cuyo mandato en la consejería de Orden Público se produjeron sacas cuyos integrantes perecieron asesinados) como a Cazorla (durante cuyo mandato en la ya delegación de Orden Público no se produjeron).

Aunque Gibson y Cervera han considerado que Carrillo no tuvo responsabilidades directas en las matanzas de Paracuellos (esto es, no fue Carrillo la persona que planificó y ordenó las matanzas), no le eximen de responsabilidad. Así, Gibson señala que es indudable que Carrillo y Serrano Poncela, si bien no estaban al corriente de lo que ocurrió con las primeras sacas, si lo estuvieron después, pero "optaron por hacer la vista gorda";[108] se trataría por tanto de complicidad o responsabilidad indirecta. Cervera ha descartado las responsabilidades directas de Carrillo, afirmando que le parece "muy aventurada e injusta la acusación, que tantas veces se ha hecho y aún hoy se hace, de que Santiago Carrillo fue quien planeó y ordenó estos asesinatos en masa. Según los datos que hoy poseemos, nosotros pensamos que no se puede acusar con bases suficientes al entonces consejero".[109] Al mismo tiempo si le asigna responsabilidades indirectas ("...creemos que en el terreno de las responsabilidades indirectas, cabe incluir a Carrillo. Quizá el 7 de noviembre, como ya se ha dicho con anterioridad, no supo nada de lo que ocurría en las cárceles, pero ese desconocimiento no pudo durar mucho para el que era la máxima autoridad del Orden Público en Madrid").[110]

Curiosamente, Vidal afirma, sin mayores precisiones, que la responsabilidad de Carrillo en las matanzas ha sido afirmada por Gibson.[33] En tanto que respecto al estudio de Cervera, afirma que "resulta chocante la voluntad exculpatoria que se aprecia en J. Cervera",[33] cuando, del mismo modo, Cervera indica que Carrillo estaba al corriente de las matanzas, al menos desde el día 9, 10 a lo sumo, pero no las impidió, como sí hizo Melchor Rodríguez (Cervera aventura que Carrillo probablemente pudo hacerlo, pero que tenía otras prioridades más importantes que preocuparse de la situación de las cárceles, como acabar con los paseos, especialmente en la situación de cerco y combates que sufría la ciudad), una clara responsabilidad indirecta.[111]

El propio Carrillo ha negado siempre que conociese los hechos, o que diese la orden, aunque recientemente ha reconocido cierto grado de responsabilidad indirecta:[112]

Si tuve alguna responsabilidad en aquel episodio fue la de no haberlo evitado. Pero en un Madrid asediado por las tropas de Franco, bombardeado día y noche por la aviación y la artillería enemigas que causaban miles de víctimas inocentes, con la quinta columna tiroteando desde los tejados cuando anochecía, donde carecíamos de soldados incluso para cubrir todas las bocacalles por las que podían entrar los atacantes; un Madrid que incluso el mismo Gobierno republicano pensaba que sólo resistiría tres días, la Junta de Defensa carecía de instrumentos para controlar plenamente la situación.
Respecto a los autores que han analizado las matanzas, Carrillo ha acusado a Vidal (nacido en 1958) de falsear la historia y de haber sido un confidente franquista.[113] Respecto a Gibson, Carrillo afirmó:[114]

No me he explicado por qué Gibson, que es un progresista, publicó antes de unas elecciones un libro en el que se ponía en cuestión mi conducta. [...] Hay una preocupación de imparcialidad a la hora de enjuiciar hechos que ocurrieron hace tanto tiempo..., y la imparcialidad resulta imposible.

etc,., etc,. etc.........



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Mensajepor DreamsClassic » 24 Ago 2010 17:59

Aparecen 53 cuerpos en una fosa que la Justicia rechazó investigar
Una excavación en Córdoba desvela matanzas franquistas que una jueza archivó...


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El auto del Juzgado de Aguilar de la Frontera (Córdoba) apenas tiene tres folios. Y un resultado: archivo. Fue la respuesta que la Justicia, en la persona de la juez María Elena Cruz, cursó el 12 de febrero de 2010 a la denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar, que había solicitado la investigación de los crímenes ocurridos en el pueblo a raíz del alzamiento del 18 de julio de 1936. La excavación de las fosas, abiertas ahora por vía administrativa, ha sacado a la luz el horror que ignoró el juzgado. Ya han sido exhumados 53 cuerpos. Y todo indica que es sólo el principio.

"Descartada la tipificación de los hechos como delitos de lesa humanidad [...], nos encontramos con delitos calificados o denominados comunes, lo que impediría la determinación de los mismos como imprescriptibles", señala el auto judicial que dio carpetazo al asunto después de que el juez Baltasar Garzón abandonara la investigación de esta fosa y la cediera al juzgado territorial. La asociación local de memoria histórica ni se molestó en recurrir. Con una subvención estatal de 49.000 euros, comenzó a trabajar en la excavación en el mes de mayo.

Los resultados revelan la brutalidad de uno los primeros episodios represivos del bando nacional en Andalucía. En la parte alta del cementerio han aparecido dos enterramientos con sepulturas individuales y siete fosas comunes. En total, nueve. Actualmente los voluntarios de la asociación trabajan en la octava. "Hasta ahora han salido restos de 53 personas con evidencias de asesinato. Hay seis mujeres y un niño de 3 años, víctima de un bombardeo", cuenta Rafael Espino, presidente de la asociación. Manos atadas, casquillo y orificios de bala dan fe de la violencia de las muertes. "Estamos documentándolo todo para acudir con las pruebas a la justicia internacional", asegura Espino.

Cuatro personas ya han sido identificadas. El primero fue el mulero Antonio Manuel Palma, asesinado a los 33 años el 24 de julio de 1936. Sus restos serán entregados a su familia el sábado en un acto en el cementerio. También se ha puesto nombre a los restos de Ana Lucena, Concepción Cecilia y Miguel León, hijo de esta. Más de 80 familias han aportado ADN para saber si las víctimas son sus padres, abuelos, tíos...
Fosas de caridad

En la parte baja del cementerio han sido localizadas otras nueve fosas de las llamadas de caridad, donde se enterraba a fallecidos sin recursos. "Tenemos datos y testimonios para pensar que en una de esas fosas, cada una de las cuales tiene unos 200 cuerpos, pudieron echar a decenas de asesinados más", afirma Rafael Espino, que trabaja sobre un listado de 196 personas asesinadas en Aguilar. La eventual investigación en esta zona no podría tener lugar hasta la primavera de 2011, ya que requiere del acuerdo con los familiares de los enterrados posteriormente en nichos sobre estas fosas.

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