CEOE quiere resucitar el antiguo contrato temporal

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CEOE quiere resucitar el antiguo contrato temporal

Mensajepor Dreams » 04 Sep 2009 21:43

CEOE quiere resucitar el antiguo contrato temporal de tres años.

Este contrato disparó las tasas de temporalidad. La patronal vuelve a la carga contra los derechos laborales de los trabajadores.

La Comisión de Industria de la CEOE ha elaborado un Plan de Competitividad Industrial (ver CincoDías de ayer) que contempla 120 medidas para mejorar la capacidad del sector manufacturero. Entre las propuestas se incluye un capítulo dedicado al marco laboral con una veintena de actuaciones que, en opinión de los empresarios, pueden contribuir a que la industria supere la crisis.

En el documento, la patronal solicita la creación de un "contrato temporal del estilo al antiguo fomento de empleo, de hasta tres años de duración", que se puso en marcha en los ochenta y desapareció a mediados de los noventa. Actualmente sólo funciona para trabajadores con discapacidad. Esta modalidad permitía contratar de forma eventual sin causalidad, siempre que estuviesen destinados a colectivos como jóvenes, mayores de 45 años o mujeres, por periodos de seis meses con la posibilidad de encadenar hasta seis contratos seguidos. Lo que implicaba un total de tres años.

Este contrato disparó las tasas de temporalidad y se sustituyó por el de fomento de la contratación indefinida que reducía el coste del despido de 45 a 33 días para estos mismos colectivos.

La patronal justifica la reedición de esta modalidad temporal en que "dotaría así a las empresas de una mayor flexibilidad y de mayor estabilidad a los trabajadores". Además, el documento elaborado por la Comisión de Industria de la CEOE propone alternativamente a este contrato un segundo, igualmente eventual, de "mayor duración que los actuales, ligado a la vida media del producto y más próximo a la evolución de los ciclos económicos".

La apuesta por la temporalidad del Plan de Competitividad Industrial (fechado en julio de 2009) contrasta con la línea mantenida por la patronal en el documento de 23 de julio -por tanto, coetáneo- elaborado para el frustrado diálogo social. En este último, se considera como un "objetivo perseguible que el empleo sea lo más estable posible", y defiende que se preserve el uso racional del contrato temporal en la línea de otros países europeos. De hecho, la CEOE ha propuesto recientemente un contrato fijo con unos costes de despido de 20 días.

Junto a las nuevas fórmulas de contratación, el Plan de Competitividad planteará al Gobierno una batería de medidas para reducir los costes laborales. Entre ellas, las cotizaciones sociales o las prestaciones de Incapacidad Temporal por contingencias comunes, con la pretensión de que la Seguridad Social se haga cargo de las prestaciones desde el cuarto día de la baja.

Igualmente, la patronal pretende fomentar la contratación a tiempo parcial, para lo cual sugiere incrementar las bonificaciones actuales.

Un plazo de dos años

Otra de las novedades laborales relevantes del plan de la CEOE es su solicitud de renovar el actual contrato de relevo. Pretende un uso más flexible, para lo cual sugiere que los contratos se produjesen en un momento posterior a la jubilación del trabajador fruto del relevo. Concretamente, plantea la posibilidad de establecer un plazo de dos años. Respecto a los ERE temporales, la patronal denuncia los retrasos en cobrar la prestación por desempleo que sufren los empleados sometidos a estos procesos. Para paliar tal perjuicio, propone el pago delegado o en su defecto que se agilice el cobro. Y en los ERE de extinción de empleo, pide la exención fiscal de las cantidades percibidas por los trabajadores por encima del límite legal establecido.
Un inspector médico especial para atajar el absentismo

La patronal advierte de la gravedad que supone el absentismo laboral, tanto por los costes económicos que acarrea, como por los desajustes organizativos que conlleva. Por eso, solicita al Gobierno que adopte una batería de medidas muy concretas que contribuyan a reducir la falta de asistencia injustificada de los empleados a su puesto laboral.

Algunas son demandas tradicionales de la CEOE, como una mayor participación de las empresas en la gestión de las bajas o un papel relevante de las mutuas en las altas de los enfermos. Otras son novedosas, como la asignación de un inspector médico (identificable, al que dirigirse) para las grandes empresas. O incluso que los médicos de las mutuas puedan expedir recetas de la Seguridad Social. Aunque lo que los empresarios reclaman es un mayor control en la concesión y el seguimiento de las incapacidades laborales.
Supresión de la autorización administrativa en los ERE

El Plan de Competitividad Industrial incluye entre las medidas dedicadas al fomento del empleo y la contratación la supresión de la autorización administrativa que debe preceder a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

La patronal argumenta para la desaparición de este control que España es, junto con Holanda, el único país que exige esta autorización en la Unión. Y defiende que debería quedarse circunscrito a un procedimiento reglado de negociación y consulta entre empresa y trabajadores. Es decir, sin una autoridad superior que intermedie en la negociación de las partes.

En la ruptura del diálogo social de julio, Gobierno y sindicatos acusaron a la patronal de querer terminar no sólo con esa autorización administrativa, sino también con la judicial en el caso de los despidos individuales o de los conflictos sociales, algo que negaron reiteradamente los dirigentes de la CEOE.
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Mensajepor Dreams » 06 Sep 2009 21:09

Los sindicatos firman el Acta de cierre y despido de los trabajadores de Juliana Constructora Gijonesa


El último y el mayor astillero de la bahía de Gijón ha sido sentenciado por los propios sindicatos cuando el 11 de agosto de 2009 el Comité de Empresa, formado por representantes de CCOO y de UGT, firmaron el cierre de Juliana en la reunión celebrada con la Administración Concursal, la empresa y, por parte del Comité de Empresa, su presidente Renato Rodríguez, la secretaria del Comité Mª Antonia López, ambos de CCOO y, por parte de UGT, Faustino Suárez y Félix Magadán, con la ausencia de la Sepi-Izar (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)

Si el cierre de una empresa es grave, mucho más lo es cuando son los propios sindicatos los que negocian, pactan, acuerdan y firman su cierre y, además, el despido sin ninguna consulta previa con los afectados. Tanto la reunión como las decisiones que en ella se tomaron fueron a espaldas de los trabajadores, de la opinión pública e incluso, el documento de tres páginas, en el que constan las firmas de cada uno de los participantes ha sido ocultado a los propios trabajadores afectados y a la opinión pública. Este documento llegó a los medios de comunicación porque fue hecho público por la CSI (Corriente Sindical de Izquierda), no por los firmantes.

El último día de agosto y el fin de las vacaciones el Comité de Empresa reúne a los trabajadores de Juliana y les comunica que al día siguiente, el primero de septiembre, se cierra el astillero y se rescinden todos los contratos de trabajo (Podría prorrogarse por un mes). A esto se redujo la participación de los trabajadores. En esta reunión ni siquiera se presenta este documento, aunque ahora resulta que la preocupación de los firmantes es saber cómo ha salido a la luz.

Desde el punto de vista social y sindical la decisión tomada por el Comité de Empresa es un auténtico delito, tanto en el fondo como en la forma ¿Qué negociación ofrecen estos cuatro representantes sindicales cuando se sientan al otro lado de la mesa, enfrente de los trabajadores a los que debieran representar?

La firma de este documento pone a los pies del Juzgado de lo Mercantil cualquier reivindicación o posibilidad de negociación. Juliana se encuentra en un proceso Concursal y qué más puede pedir quien ha de resolver que, de antemano, sean los propios trabajadores, el Comité de Empresa, los que estampen su visto bueno al cierre y despido, sin más, de los trabajadores sin ninguna condición ni compensación real salvo cuatro cosas que no resuelven nada sustancial que no sea lavar la imagen de los firmantes. Pero sí es cierto, cómo no, que éstos sí se cuidaron de hacer constar en el último párrafo del documento que “se respetarán las garantías que la legislación vigente otorga a los representantes de los trabajadores,”

Sirva también como orientación de cómo se ha llegado a esta situación y, también, como prueba del delito, que el presidente del Comité de Empresa, Renato Rodríguez de CCOO y Félix Magadán de UGT y también miembro del Comité de Empresa, pertenecen ambos al Consejo de Administración de Juliana, desde 2006, y que vienen cobrando por ello 30.000 euros al año cada uno, según datos del Registro Mercantil.

En el documento firmado se cierra ya toda posibilidad de negociación, todo queda pactado cuando se acepta la situación de la Administración Concursal, se firma el cierre y la suspensión de todos los contratos de trabajo a partir del 1 de septiembre. Ahora, cualquier negociación queda condicionada y se regulará por la Ley Concursal, lo que supone la renuncia a cualquier otra salida y hasta se facilita al Juzgado de lo Mercantil la sentencia al procedimiento de concurso ordinario 297/09 de Juliana. Queda regulado también las indemnizaciones y demás liquidaciones que pudieran ser objeto de negociación fuera de la Ley Concursal ahora firmada.

La claudicación de CCOO y de UGT en este pacto con la empresa y con otros intereses, como los de PYMAR, (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) que propician el cierre, supone la pérdida de 195 puestos de trabajo y de otros 700 a 800 de la industria auxiliar, aparte de los empleos indirectos.

La previsión es que 113 trabajadores mayores de 52 años serán prejubilados, 40 con menos de 52 irán al paro y unos 30 con contrato por obra también irán al paro. La negociación de cómo se gestionará todo esto parece que ahora se están complicando y, como todo está firmado, pocos son los recursos y las armas legales disponibles.

Detrás de este crak del sector naval de Gijón, como el de otras tantas industrias, está el modelo económico impuesto de grandes y rápidos beneficios derivados de la especulación. No son ajenos, sino cómplices directos, y beneficiarios, el poder político y los partidos que están detrás. En el Gobierno regional con el PSOE e IU y los mismos, con los mismos pactos, en el Ayuntamiento de Gijón.

¿Qué queda de los astilleros que rodeaban la bahía de Gijón? Edificios y la negociación iniciada, primero con Naval Gijón y, ahora, con Juliana. El mayor interesado y propietario de los terrenos de ambos astilleros es PYMAR (Propiedad del Ministerio de Industria y de la Consejería de Industria del Gobierno asturiano) que con la recalificación de cerca de 300.000 m2 se puede llegar a salvar la financiación de la obra del puerto de El Musel y otros proyectos que rodean estos terrenos.

http://www.asturbulla.org
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Mensajepor Dreams » 06 Sep 2009 22:11

¿Quíen dijo ''recuperación''?

Los afectados por despidos colectivos se multiplican por trece en apenas un año.

Las regulaciones de empleo siguen haciendo mella en el mercado laboral español. En el primer semestre del año, el número de ERE autorizados ascendió a 10.382, casi seis veces más que en el mismo periodo del año anterior. Pero la comparación con el primer semestre de 2008, empeora más si se observa el número de afectados. Los 325.456 trabajadores atrapados por un ERE casi multiplican por 12 el número del año anterior. El ritmo de regulaciones es tan alto que en lo que va de año, su número ya supera de largo todas las tramitadas y aceptadas por la autoridad laboral en 2008 (6.249).

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se multiplicó por 13 en el primer semestre del año, mientras que los expedientes autorizados por las autoridades laborales fueron casi seis veces más que los de la primera mitad de 2008, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En concreto, 325.456 trabajadores se vieron afectados por un ERE en el primer semestre de 2009, frente a los 27.288 en el mismo periodo de 2008, lo que, en términos relativos, implica una subida del 1.092,6%. Por su parte, el número de ERE autorizados se incrementó un 486,5%, hasta sumar 10.382 expedientes, frente a los 1.700 de un año antes.

En lo transcurrido de 2009, el número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo supera ya en casi un 120%, concretamente en 177.368 personas, a todos los empleados que se vieron inmersos en un ERE durante el conjunto de 2008 (148.088).

Los trabajadores de la industria, donde se incluye el sector de la automoción, se llevaron la peor parte en los primeros seis meses del año, al multiplicarse por casi 15 el volumen de afectados por un ERE en este sector.

En total, 261.285 empleados de la industria se vieron inmersos en un ERE hasta junio, cifra que representa un incremento del 1.370,5% respecto al mismo periodo de 2008, cuando fueron 17.768 los afectados.

La mayor parte de los trabajadores de la industria inmersos en regulaciones de empleo fueron objeto de suspensiones temporales, con 232.540 afectados, multiplicando por más de 25 los registrados entre enero y junio del año pasado (9.131).

En la construcción, los trabajadores afectados por un ERE fueron 9.031, unas 4,4 veces más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que en los servicios los afectados sumaron 51.350, un 659% más. La agricultura, por su lado, también ha experimentado un crecimiento exponencial de los afectados por regulaciones de empleo, pasando de 717 afectados en los seis primeros meses de 2008 a 3.790 en igual periodo de 2009.

LOS TRABAJADORES SUSPENDIDOS DE EMPLEO SE MULTIPLICAN POR 24.

De los 10.382 ERE registrados hasta junio, 9.460 fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 922 no pactados, afectando, respectivamente, a 281.731 y 43.725 trabajadores.

Del total de expedientes autorizados en el primer semestre del año, 5.744 se encuadran en la industria, con un aumento del 627%, mientras que 3.372 lo hacen en los servicios (+365,7%), 832 en la construcción (+623,4%) y 434 en la agricultura (+207,8%).

Hasta junio, el número de expedientes de extinción de empleo (despidos colectivos) autorizados por las autoridades laborales se incrementó un 119,9% en tasa interanual, con 2.290 procesos. Estos expedientes significaron el despido de 35.960 trabajadores, un 137,7% más.

Por su parte, los ERE de suspensión temporal de empleo ascendieron a 6.992 hasta junio, más de 10 veces más que en igual periodo de 2008, mientras que el número de afectados por estos expedientes se multiplicó por casi 24, con 277.721 trabajadores.

El Gobierno estima que, entre octubre de 2008, mes en el que empezó a repuntar el número de ERE, y diciembre de 2009, un total de 617.600 trabajadores se verán afectados por un expediente de regulación de empleo de suspensión temporal, de los que 247.000 acabarán siendo despedidos.

De momento, entre octubre de 2008 y junio de 2009, los afectados por suspensiones temporales de empleo alcanzan la cifra de 361.729 trabajadores.

Los cálculos del Ejecutivo se refieren al periodo octubre 2008-diciembre 2009 porque son precisamente esos 15 meses los que se tendrán en cuenta a efectos de la reposición de prestaciones por desempleo y de la concesión de bonificaciones a las empresas que presenten un ERE de suspensión.

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